Últimamente estamos asistiendo a un ya cansino debate sobre la supuesta igualdad de todos los españoles ante la ley, que enfrenta desde posiciones irreconciliables a liberales y conservadores, amén de al juez Castro con su otrora "colega" y "compañero de copas" el fiscal Pedro Horrach y un sinnúmero de altas instituciones del Estado, "intelectualmente" alineadas en contra de la postura del instructor, lo que no ha dejado de sorprender a quienes todavía defienden aquello de la independencia de los tres poderes del Estado.
Pero, ¿de dónde nos hemos sacado esa frase tan "bonita" y tan manoseada en estos días de que todos somos iguales ante la ley?. Frase que, dicho sea de paso, sirve tanto para procesar a la Infanta, como a cualquier otro ciudadano en su misma situación, como para no hacerlo como demanda el fiscal, ya que no se la procesaría "de no ser quien es".
Si echamos mano de nuestra Constitución de 1978, comprobamos que efectivamente, el Artículo 14 del Capítulo Segundo, dice textualmente "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Bueno, pues parece que queda resuelto el problema. Cúmplase lo que dice nuestra Carta Magna y ya está, aunque mucho me temo que el asunto reviste mayor gravedad y enjundia, ya que no corremos el riesgo de vulnerar el artículo 14, sino la práctica totalidad de las disposiciones contenidas en el Título I que recoge los derechos y deberes de los españoles. Vamos a realizar una rápida lectura del citado título para intentar diagnosticar si, como a mi me parece, el problema es bastante más grave que llamarse Borbón o Martínez, y se está vulnerando ostensiva y sistemáticamente la Constitución Española por parte precisamente de aquellos que presumen de ser sus máximos defensores.
Para ello, basta con que respondamos afirmativa o negativamente a las siguientes preguntas/ artículos de la misma:
¿Existe una auténtica libertad de creencias y un Estado laico? (recordemos el "papel" e intervenciones de la Conferencia Episcopal, la financiación de la Iglesia Católica, sus privilegios fiscales, la nueva Ley del aborto,...) (artículo 16).
¿Se mantiene la libertad de expresión? (pensemos en el reciente cambio de directores y cierre de algunos importantes medios de comunicación "no afines") (artículo 20).
¿Existe derecho de reunión y manifestación? (incremento del grado de represión en determinadas manifestaciones, nuevo papel de la seguridad privada,..) (artículo 21).
¿Se mantiene el derecho a la tutela judicial sin que pueda existir indefensión? (de hecho, el incremento de las tasas judiciales ha "expulsado" a una parte importante de la población que carece de recursos para pleitear) (artículo 24).
¿Se mantiene el derecho a la educación? (fuerte aumento de las tasas académicas y reducción considerable de becas, comedor y transporte escolar,....) (artículo 27).
¿Se mantiene el derecho a la sindicación y a la huelga? (en estudio, la limitación de este último derecho) (artículo 28).
¿Sigue existiendo el derecho a la negociación colectiva laboral y al conflicto colectivo? (casi ha desaparecido con los recientes cambios en la legislación laboral, que tienden a individualizar las negociaciones) (artículo 38).
¿Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia? (repasemos las cifras más recientes de evolución de la pobreza infantil en España, el nº creciente de familias sin ningún recurso,...) (artículo 39).
¿Los poderes públicos promueven las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa? (es incuestionable que se ha producido un aumento creciente de las desigualdades, el nuevo modelo fiscal es más regresivo, ha aumentado la participación de las rentas del capital,....) (artículo 40).
¿Los poderes públicos mantienen un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantiza la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo? (se ha acentuado la caída y recorte de las prestaciones, y se van a gravar las indemnizaciones por despido) (artículo 41).
¿El Estado vela especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orienta su política hacia su retorno (difícilmente va a hacerlo cuando el gobierno mantiene que nuestros jóvenes emigrantes se han ido a "correr aventuras", así que ¿para qué ayudarles a volver?) (artículo 42).
¿Se reconoce el derecho a la protección de la salud? (restricciones de acceso a los inmigrantes y desocupados de larga duración, copago en medicamentos y algunos servicios sanitarios, reducción de la cartera de prestaciones, aumento tiempo en listas de espera,..) (artículo 43).
¿Los poderes públicos promueven y tutelan el acceso a la cultura? (reducción muy significativa de ayudas, desprecio de miembros del gobierno hacia determinadas manifestaciones artísticas) (artículo 44).
¿Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada? (para qué comentar nuestra ley hipotecaria que lleva al desahucio a miles de ciudadanos y mantiene parte de sus deudas de por vida, con esos bancos a los que esos mismos ciudadanos han rescatado con enormes sacrificios) (artículo 47).
¿Los poderes públicos realizan una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos? (práctica desaparición de las ayudas a la dependencia, con las que ya estaba en contra el PP antes de la crisis) (artículo 49).
¿Los poderes públicos garantizan, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad? (revisión a la baja de las pensiones y endurecimiento de las condiciones futuras) (artículo 50).
La conclusión parece clara, o cambia este gobierno en los próximos meses, o habrá que cambiar la Constitución y no precisamente para dar encaje a la cuestión catalana, sino para eliminar el Título I, herencia clara de otros tiempos en los que Europa todavía seguía poniendo ladrillos en el edificio del Estado de Bienestar, en lugar de quitarlos, una vez desaparecidos todos los que forjaron el muro de Berlín.
Y siempre podremos aprovechar la revisión del texto para, de paso, quitar "la gallina" preconstitucional.
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