Yo pago, tú pagas, él no paga

Tras el merecido varapalo por mi anterior artículo sobre el Plan de Medidas de Impulso y Ahorro del Consell de la Generalitat Valenciana, y para compensar su merecido calificativo de “ladrillo”, he decidido dedicar este nuevo artículo a explicar coloquialmente que es lo que está en juego cuando se debate y de paso, “marea” al personal sobre la procedencia del copago sanitario, el incremento de las tasas académicas, o la inclusión de de cualquier otro tipo de ingresos públicos vinculados a la prestación de servicios públicos esenciales.

En mayor o menor medida y simplificando enormemente la exposición, toda sociedad intenta dar la que considera mejor respuesta al modo de asignar sus recursos, siempre en aras a alcanzar el mayor grado de bienestar posible. Incluso los más acérrimos defensores del liberalismo económico, partidarios de minimizar el papel del Estado, admiten que el funcionamiento de los mercados no es perfecto y que el Estado debe intervenir para corregir determinadas ineficiencias, injusticias y/o desequilibrios. Esto se traduce en la obtención de ingresos, vía impuestos, a fin de poder destinar recursos a pensiones, sanidad o educación pública, carreteras, policía, ejército,…

Llegados a este punto, surgen dos grandes e inconclusos debates que dividen tradicionalmente a la sociedad y facilitan el alineamiento ideológico con partidos políticos de uno u otro signo, ¿Hasta donde debe llegar el Estado en su papel de árbitro, controlador y/o prestador de servicios?, y en segundo término ¿De que modo se debe distribuir entre la población el coste de financiar dichos servicios?.

Veamos un sencillo ejemplo relativo a dichas cuestiones:

¿El transporte colectivo urbano debe ser público, privado o mixto?

Si optamos por transporte público, la siguiente pregunta a la que debemos responder es si su financiación debe realizarse con cargo a los impuestos (de todos), a través de una tasa o billete a soportar por los usuarios del servicio, o bien debemos optar por una fórmula mixta entre las dos anteriores.

Por último, y si hemos optado por sistemas mixtos de financiación (impuestos/ subvenciones y billetes), la tercera pregunta a la que tendremos que responder es si debemos bonificar a determinados colectivos (caso de pensionistas, discapacitados, indigentes,…).

Como se puede comprobar fácilmente, no hay una única respuesta y la solución que se adopte dependerá de la ideología dominante.

Tal y como afirmaba al inicio, el debate sobre el copago sanitario, encierra una trampa “ab initio” en la que todos hemos entrado “al trapo” desplegado por los sectores más conservadores de nuestra sociedad. Cuando la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato afirma que la tasa por receta está pendiente de acuerdo con todas las CC.AA. en el próximo Consejo Interterritorial (declaración del 15/03/12), está cuestionándose el actual marco legal, ya que desde 1999 la sanidad se financia a través de impuestos (la mal llamada “gratuidad”) y su universalidad y carácter gratuito está recogido, entre otras, en la Ley 33/2011, General de Salud Pública.

Por consiguiente, el auténtico debate debiera centrarse en cómo se reparten los gastos del Estado (por ejemplo, si se destina menos a defensa y más a sanidad, o a promover el comercio exterior) y/o sobre si los ingresos del mismo son suficientes para satisfacer todas las necesidades y demandas sociales, en cuyo defecto habría que aumentar los ingresos del Estado (más impuestos), para pasar a debatir acto seguido, cómo se concilian equidad y eficiencia en el sistema fiscal español. A mayor abundamiento, una vez decidido cómo gastar y cómo recaudar, habría que priorizar la lucha contra el fraude fiscal, que como su nombre indica, es una perversión del modelo a través del cual se decide quién paga qué y cómo se reparte la carga entre los distintos ciudadanos.

A la pregunta de si gastamos en exceso en educación o sanidad (siempre en función de nuestros recursos), la respuesta es que gastamos menos que la mayoría de nuestros socios europeos y que continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Por ejemplo, en 2009 España destinó el 4,6% de su PIB a educación y el 6,58% de su PIB a sanidad, mientras que Francia dedicó el 5,6% y 7,29% respectivamente.

A la de si la presión fiscal en España es más alta que en otros países de la UE, la respuesta sigue siendo igualmente negativa. España tuvo en 2011 una presión fiscal del 33% del PIB frente al 39,3% de media en la Unión Europea.

Por el contrario, a la pregunta de si hay más evasión fiscal en España que en otros países de la UE, la respuesta sí es claramente afirmativa. Aunque no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, los diferentes informes existentes, cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25% del PIB, el doble que la media de la UE (unos 70.000 millones de euros anuales, cifra muy superior a los recortes actuales en el gasto público).

Y por último, a la pregunta de si hay más desigualdades en España que en la media de la UE, la respuesta es igualmente afirmativa. Para 2010 el ratio 80/20 (entre el 20% de la población que más ahorra y el 20% que menos) arroja una cifra de 6,9 para España frente a un 4,9 en la UE27, y el coeficiente Gini (que mide la desigualdad entre 0 y 100) arroja una cifra del 33,9 para España, frente a un 30,3 para la UE27.  

En todo caso, la prueba del algodón no engaña. Si los ingresos son más bajos que la media, el % del PIB destinado a sanidad o a educación también, la presión fiscal es igualmente inferior, y las desigualdades y marginación aumentan, es que algo está fallando y el debate no debiera ser precisamente la oportunidad del repago.

Todavía no hay resultados estadísticos abrumadores, ya que la actualización de muchos indicadores se demora notablemente, pero los principales indicadores europeos (y por supuesto, españoles) de desarrollo sostenible, pobreza y exclusión social, presentan señales inequívocas de deterioro, y la mayor parte de las medidas que estamos adoptando para hacer frente a la crisis económica, no hacen más que agravar ese deterioro (ver http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme3)

Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un modelo de estado social, del que la mayor parte de los europeos (y no europeos) nos hemos sentido orgullosos durante décadas. En palabras de la comisaria europea Vivianne Reding, este modelo ha sido “la mejor utopía factible de la humanidad”, utopía que ahora está en el punto de mira de los poderosos enemigos de ese modelo, especialmente en algunos países como España, en donde la resignación parece haberse extendido entre gran parte de la población.