La marca España y en particular, la “marca Administración Pública España”, sigue en caída libre. La crisis se está llevando por delante, además de las viviendas hipotecadas, los puestos de trabajo, las nóminas, los subsidios de desempleo o las pensiones, con las que antes pagábamos la compra en Mercadona, cualquier resto de confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
¡Mía, la Hacienda es mía!
La Agencia Tributaria, último bastión de la certeza de que a todos nos iguala algún día con su llegada (al igual que la Parca), nos abandona de la mano de numerosos ceses y dimisiones, al tiempo que convierte en intocables a la Infanta, banqueros, políticos, la cementera Cemex, las grandes bolsas de fraude y a tantas grandes corporaciones y grupos de intereses más o menos “afines”.
Mientras desde el gobierno se defiende la profesionalidad e independencia de los funcionarios de la AEAT, nuestro bufón preferido, Gollum entrañable si no fuera por los efluvios malignos que emanan de los poros de su piel, arroja a diestro y siniestro perlas como “La cúpula de Hacienda estaba llena de socialistas”, y más recientemente, y dando claro ejemplo de la confidencialidad debida, "Cuando veo algunas informaciones digo ¿será alguna forma de presión?"…“Los medios critican a la Agencia Tributaria porque tienen problemas fiscales”. ¡Con un par!.
¡Y la calle, por supuesto!
Perseguir, encarcelar, y sancionar desproporcionadamente a quien se atreva a salir a la calle a manifestar su discrepancia con la acción de gobierno, es ser un buen español. Criticar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, darle la razón al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks por “cuestionarla sin habérsela leído” -en palabras de nuestro super detective Torrente Fernández- “es difundir una imagen de España que es todo lo contrario a la realidad y me duele como español y me preocupa”.
Para completar el panorama y por la puerta falsa de la Comisión de Interior de la Cámara Baja, los chicos del PP-CiU-PNV, nos han sorprendido con un proyecto de Ley de Seguridad Privada que da amparo legal al patrullaje en espacios abiertos y, como consecuencia, permite realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito, dejando con ello patente su loable preocupación por crear y mantener puestos de trabajo en el sector de seguridad privada.
No en vano, están desmantelando en paralelo la función pública, limitando la contratación pública al reponer tan solo un 10% de los puestos de trabajo de policías y guardias civiles que quedan vacantes, mientras argumentan la necesidad de sacar a los que permanecen en activo de determinadas labores de vigilancia, y de sustituirlos en dichas funciones por seguridad privada.
Reducir el peso del sector público
No resulta habitual que los propios dirigentes de una organización, aprovechando su privilegiada posición de poder, se dediquen a dinamitarla desde dentro, empezando, como en España, por desprestigiar la imagen del empleado público y, en particular, la del funcionario de carrera, a fin de facilitar su progresivo relevo por el sector privado.
La crisis, y consiguientes medidas apelando al dogma “no hay más cera que la que arde”, ha ayudado a aplicar una ideología claramente suicida, por cortoplacista, que en honor a la verdad ya aplicaron (con algo más de timidez), todos los gobiernos anteriores de la democracia, tanto en la Administración Central del Estado, como en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
De los más de 2,5 millones de empleados públicos (de los que 1,5 millones son funcionarios) –por cierto, con un ratio/ habitante muy inferior al de la mayor parte de los países de nuestro entorno- esa “canalla” con la que identificamos al empleado público "prototípico", burócrata tras una ventanilla o mejor todavía, sentado a la mesa (que no tras la barra) de un bar durante largas horas de la mañana- y dedicado el resto de su tiempo a tramitar todo tipo de inútil papeleo para desesperación del probo ciudadano, cerca de un 80% pertenece a ese colectivo que nos atiende cuando enfermamos en hospitales y centros de atención primaria, que nos forma a nosotros y a nuestros hijos en escuelas, institutos y universidades públicas, que protege nuestra seguridad en las calles y en misiones en el exterior, o que nos administra justicia cuando la requerimos.
Esa “odiosa y desconocida minoría” adscrita a la burocracia de dirección, coordinación y control, ha sido colonizada desde hace años por parientes, “amiguitos del alma”, correligionarios, “asesores sin especialización”, aduladores, y un largo etcétera de personajes de cuestionable capacidad (por desgracia, la mayoría de nuestros parientes y amigos, o son imbéciles, o incompetentes, o las dos cosas), personajes que ocupan puestos de confianza cuya provisión se realiza a través de procesos de reclutamiento, que constituyen una auténtica burla de cualquier procedimiento respetuoso con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
No deja de resultar irónico que los principales responsables de esta situación, clamen contra las “deficiencias” de un sistema público, en el que estos personajes (arropando a los políticos de turno), condicionan las adjudicaciones públicas que acaban saturando los tribunales de justicia, establecen los criterios que "orientan" la inspección tributaria, la seguridad ciudadana, la atención sanitaria, la política educativa, o las ayuda a la dependencia, criterios que -siempre al servicio del partido en el poder, su ideología y a veces intereses bastardos- chocan no solo con el razonamiento aristotélico, sino con el más elemental sentido de la justicia y de la decencia.
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